Nuevo aviso de la Fiscalía al Ayuntamiento de Algete por un presunto delito de prevaricación administrativa
El pasado 6 de noviembre de 2025 en Algete, la Fiscalía del Área de Alcalá de Henares formuló una denuncia contra el Ayuntamiento de Algete por un presunto delito de prevaricación administrativa en el proceso de contratación de un funcionario administrativo que pasó de temporal a indefinido a tiempo completo, pese al informe del interventor que proponía la nulidad del proceso selectivo.
Según los hechos investigados, el 9 de mayo de 2024 la Concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Algete, bajo la dirección de la concejala Cristina Expósito Frutos, resolvió la incorporación de un administrativo a tiempo completo por un período de seis meses a través del Servicio Público de Empleo. Con fecha 29 de noviembre de 2024, y amparándose en una supuesta “necesidad de urgencia” que la Fiscalía considera no justificada, se transformó el contrato temporal en indefinido a tiempo completo. Este cambio se produjo a pesar de que el interventor municipal había emitido un informe proponiendo la nulidad del proceso selectivo por no ajustarse a la normativa vigente aplicable. Además, se da la circunstancia de que el empleado implicado figuraba en las listas electorales del Partido Popular de Algete de cara a las elecciones municipales de mayo de 2023, lo cual ha elevado el nivel de atención política al caso.
El concejal portavoz de Vecinos por Algete, Sergio Velasco Gigorro, declaró que “nuevamente la fiscalía ha estimado que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa. El ayuntamiento de Algete puede contratar a cualquier persona… pero si a esa persona se le hace contrato indefinido a tiempo completo a pesar de las advertencias en contra de la intervención municipal, se están saltando, presuntamente, la legalidad aplicable”. Este nuevo procedimiento judicial añade incertidumbre al consistorio y plantea preguntas sobre la transparencia de las contrataciones municipales en Algete.
Tras las diligencias de investigación, la Fiscalía de Alcalá de Henares concluyó que los hechos podrían encajar en el delito de prevaricación administrativa contemplado en el artículo 404 del Código Penal, en relación con lo dispuesto por el artículo 773-2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 5º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El presunto delito contempla para la autoridad o funcionario público que, “a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo”, la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de siete a diez años.
Para los vecinos de Algete es relevante que este proceso se desarrolle públicamente y con transparencia, ya que afecta directamente a la percepción de la gestión municipal y al uso de fondos públicos en el municipio. La denuncia implica que el Juzgado correspondiente deberá ahora admitir o rechazar la formulación de la denuncia, continuar con la instrucción, identificar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones que procedan.
En definitiva, Algete se enfrenta a un nuevo capítulo de control judicial sobre sus procesos de contratación, lo que pone sobre la mesa la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización interna, asegurar el cumplimiento de la normativa y reforzar la confianza ciudadana en la administración local.