Alcobendas refuerza su compromiso contra la okupación ilegal de viviendas. En 2024, se realizaron 83 desalojos de viviendas en Alcobendas
La okupación ilegal de viviendas es una infracción penal que genera una gran preocupación social y una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía. Por ello, el Gobierno municipal de Alcobendas mantiene un alto compromiso para prevenir y actuar contra la okupación ilegal de viviendas, que se concreta en la creación de un grupo de trabajo transversal en el que se atienden las incidencias en esta materia desde el punto de vista tanto policial como social.
La Policía Local utiliza todas las herramientas legales disponibles garantizando la seguridad y los derechos de sus vecinos. Como resultado de este esfuerzo, durante 2024 se han producido 83 desalojos de viviendas, 63 en 2023 y 64 en 2022.
Protocolo de actuación y colaboración ciudadana
El protocolo de actuación de la Policía Local, además de regular las actuaciones operativas, incluye también como eje estratégico actuaciones preventivas para disminuir los hechos delictivos relacionados con el uso ilegal de inmuebles. En este sentido, es fundamental la colaboración ciudadana.
Ante cualquier indicio que pueda desembocar en una okupación, es trascendental ponerlo en conocimiento de los cuerpos policiales en el menor tiempo posible llamando al 112, 092 o 091.
El concejal de Seguridad, Carlos Rodrigo, ha señalado que el Ayuntamiento no va a permitir “que se vulneren los derechos de nuestros vecinos. Nuestro plan integral contra la okupación combina prevención, actuación inmediata y apoyo a los afectados, siempre dentro del marco legal y coordinados con los juzgados y la Policía Nacional” y –añade– “los datos demuestran que nuestra estrategia funciona y prueba de ello es que en Alcobendas hemos logrado mantenerla bajo control”.
Procedimiento innovador para agilizar los desalojos
En materia penal, la Policía Local de Alcobendas ha desarrollado un procedimiento de juicio inmediato innovador. Si un particular es víctima de okupación, se cita a ambas partes el último día de guardia del juzgado, en un plazo aproximado de una semana. Esto permite que el juez, si lo considera oportuno, ordene rápidamente el desalojo y la restitución del inmueble al propietario. En el año 2024, esta medida permitió resolver 14 casos con éxito.
Las víctimas de una okupación ilegal en Alcobendas pueden acceder al Servicio de Atención a la Víctima (SAV), que ofrece asesoramiento jurídico y apoyo psicológico. Al mismo tiempo, las familias desalojadas reciben la atención de los servicios sociales municipales para garantizar un trato digno en todo este proceso.
Para reforzar la prevención contra la okupación ilegal, la Policía cuenta también con un presupuesto anual para la instalación de alarmas en viviendas vulnerables. En 2024, se instalaron seis dispositivos de este tipo.
Para combatir la okupación ilegal de viviendas y ofrecer apoyo a las personas afectadas, la Comunidad de Madrid ha implementado diversas medidas. En julio de 2022, se activó el servicio CECOM 112-Ocupación, accesible a través del número gratuito 900 205 112. Este servicio proporciona a los ciudadanos información sobre los aspectos jurídicos de la okupación ilegal y las opciones disponibles para defender la propiedad ante los tribunales. Además, facilita la actuación y la protección por parte de los cuerpos policiales y ofrece asistencia a través de las oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD).
De esta manera, con una sola llamada, los perjudicados tienen a su disposición todos los recursos públicos disponibles de la Administración autonómica para hacer frente a este fenómeno de delitos contra la propiedad privada.