El concejal de Salud del Ayuntamiento de Algete, Ángel Cortés, reconoció durante el pleno ordinario celebrado el 25 de septiembre que la piscina municipal fue cerrada temporalmente sin que se emitieran informes técnicos ni se abriera un expediente que justificara la medida. La admisión llegó tras la insistencia del grupo Vecinos por Algete, que pedía acceder al expediente para conocer los motivos reales de la clausura.
El portavoz de Vecinos por Algete, Sergio Velasco, recordó que durante el mes de julio se produjeron varios cierres de la piscina municipal al detectarse deficiencias higiénico-sanitarias en el agua. Sin embargo, no se había entregado documentación oficial que explicara las causas. Cortés reconoció que no se abrió expediente porque “no se estimó oportuno hacerlo. Simplemente, se actuó: a un problema, una solución”.
Estas palabras entran en conflicto con las declaraciones previas de la concejala de Deportes, Cristina Expósito, que en redes sociales señaló que los valores del agua se habían visto alterados por defecaciones de los usuarios. Para Sergio Velasco, estas afirmaciones “no tienen ninguna credibilidad si no existe un informe técnico que lo corrobore” y pidió una disculpa pública a los vecinos.
La oposición ha denunciado la falta de transparencia del equipo de gobierno por no facilitar los expedientes ni responder en tiempo y forma a las solicitudes de acceso a la información. Según Vecinos por Algete, esta actitud supone un bloqueo del derecho de los concejales a fiscalizar la gestión municipal.
El cierre de la piscina se produjo tras detectarse parámetros alterados en la calidad del agua. En un primer momento, el Ayuntamiento lo vinculó a una posible defecación en el vaso, relacionada con un supuesto reto viral. No obstante, la admisión de que no existieron informes ni expediente abre dudas sobre las verdaderas causas y la forma en que se gestionó la crisis.
La admisión de que se cerró la piscina sin respaldo documental ha generado un fuerte debate político en Algete. Para la oposición, el hecho demuestra una gestión deficiente y falta de rendición de cuentas. Para los vecinos, supone incertidumbre sobre las garantías de seguridad y salubridad en unas instalaciones públicas de uso masivo.